Mendoza (EP), 20 de enero ‘25. La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) emitió un extenso y contundente dictamen que obligó al gobierno de Mendoza a moderar el avance en su búsqueda de aprobar los informes de impacto ambiental para 29 proyectos de exploración de cobre, que forman parte del plan denominado “Malargüe Distrito Minero Occidental 2” (MDMO2).
En noviembre pasado, la administración de Alfredo Cornejo logró un hito al obtener el aval legislativo para las primeras 34 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos en Malargüe. Con ese precedente, el Ejecutivo provincial puso en marcha una segunda etapa de desarrollo minero en la región.
Sin embargo, un informe técnico elaborado por la FCAI destacó graves deficiencias e inconsistencias en los estudios presentados, correspondientes a MDMO 2, lo que llevó a postergar la audiencia pública prevista para el 8 de febrero.
La evolución de estos futuros proyectos son seguidos muy de cerca desde La Pampa, ya que están ubicados en zonas glaciarias y periglaciarias de las cuencas de los ríos Grande y Barrancas, principales afluentes del río Colorado. Es decir que se trata de cauces interprovinciales que afectan a cinco provincias: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.
Análisis exhaustivo.
“La medida, adoptada conjuntamente por la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, responde a la necesidad de garantizar un análisis exhaustivo de la documentación presentada por el proponente, incluyendo una respuesta detallada al informe emitido por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI)”, resaltó un comunicado del Ministerio de Energía y Ambiente, al que accedió el sitio El Sol.
“Los informes presentados para los 29 proyectos agregados al expediente bajo la denominación de Informe de Impacto Ambiental se ajustan parcialmente a lo solicitado por la reglamentación mencionada en cuanto a contenido y orden”, resalta el dictamen de la FCAI, que se transformó en un riguroso estudio técnico de 778 carillas.
La FCAI realizó una evaluación general y luego uno particular de cada uno de los 29 proyectos de exploración donde abordó múltiples áreas críticas, señalando errores metodológicos, falta de información clave y riesgos potenciales para el medio ambiente y las comunidades locales.
Uno de los puntos más críticos del informe es la evaluación geológica. Por ejemplo, se incluyeron formaciones que no afloran en el área del proyecto, lo que podría inducir a errores y confusiones en la comprensión de los recursos minerales disponibles. La recomendación de la FCAI fue clara: excluir estas formaciones y centrarse en aquellas que realmente influyen en el área del MDMO 2.
Además, se omitió información esencial sobre los procesos glaciales, volcánicos y tectónicos que modelaron la región, lo cual es fundamental para la correcta evaluación geológica y el entendimiento del impacto potencial del proyecto sobre el paisaje local.
Un recurso vital en riesgo.
La Ley 26.639 establece la protección de glaciares y ambientes periglaciares como reguladores hídricos esenciales. Sin embargo, el dictamen sugiere que el IIA no define áreas de cautela o exclusión para proteger estos ecosistemas frágiles. “Se sugiere a la autoridad de aplicación que se redefinan las áreas de concesión minera a las cuales este procedimiento podría otorgarles la DIA, con objeto de prevenir daños”, sostiene el dictamen técnico.
Según la FCAI, el informe presentado por el Ejecutivo carece de una evaluación profunda de las fuentes hídricas. En tal sentido, la sugerencia fue ampliar la información sobre la calidad del agua superficial y subterránea, considerando estudios físico-químicos exhaustivos.
También sostuvo que se debe tener en cuenta el uso actual del agua por parte de puesteros locales, quienes dependen de estos recursos para su consumo y ganado, así como su valor recreativo y paisajístico.
“Es de fundamental importancia contar en el estudio de línea de base con un mínimo de información de existencia de acuíferos y tipo de acuíferos presentes, y analizar si corresponde incorporar la información en el análisis de vulnerabilidad“, sostuvo el dictamen
Áreas protegidas.
La UNCuyo solicitó incluir en el informe a ecosistemas esenciales para la regulación hídrica y la biodiversidad, como Payen, Llancanelo y Valle Pehuenche, que forman parte de la base de datos mundial de Áreas Clave para la Biodiversidad.
“Los dos primeros ya son considerados por ser áreas protegidas a nivel provincial, pero el Valle Pehuenche no se incluye en este informe y por lo tanto, se requiere que sea descripta. Es un área clave incluida totalmente dentro de MDMO. Esta categoría de área priorizada a nivel internacional, es comparable a la relevancia que tiene la categorización de humedales de Ramsar. Su exclusión en esta descripción, conlleva su falta de consideración en el análisis de vulnerabilidad e impactos”, dictaminó la FCAI.
Además, menciona un proyecto legislativo para crear una nueva Área Natural Protegida (ANP), el “Parque Espeleológico PotiMalal”, que se ubicaría dentro del MDMO 2 y no fue considerado en el documento marco.
Impactos sociales.
El dictamen criticó la ausencia de metodología para evaluar impactos sociales y la limitada participación ciudadana. Tampoco se mencionaron conflictos territoriales, como la propiedad de la tierra y los derechos de comunidades originarias. En tal sentido, recomendó “incrementar las instancias de participación y consulta ciudadana previa a las Medidas de Protección Ambiental que se realizan durante las acciones de exploración de los proyectos”.
“En el apartado 18.1. Distancia, se puede observar el ejercicio de copiar y pegar información del Proyecto de PMOT llegando a un nivel de transcribir errores materiales de tipeo“, afirmó la FCAI. Además, confirmó que en una encuesta realizada a puesteros para conocer el nivel de conocimiento del proyecto, el resultado final “no fue un 100%, sino un 134%”.
Otras dudas y objeciones.
“Al no establecerse la ubicación de los proyectos en el distrito, se desprende una gran dificultad metodológica para evaluar el impacto real, por lo que se necesita mayor especificidad en cuanto a las localizaciones críticas”.
“No se vuelven a considerar elementos ambientales que influyen en la vulnerabilidad de un sector tales como áreas de influencia de glaciares, espeleología, flora y fauna amenazada y endémica, humedales andinos, caminos de trashumancia y actividades económicas (turismo, explotación minera preexistente o de hidrocarburos, etcétera)”.
“Se omite mencionar que dentro de las posibles tareas a desarrollar se proponen tareas de prospección“.
“En cuanto a las definiciones de prospección y exploración, la reglamentación es clara y diferencia cada una como etapas consecutivas para cada proyecto. No obstante, se presentan en forma genérica tareas a desarrollar en tres etapas”.
“Para la primera etapa se describen las actividades propias de los trabajos de prospección. Para la segunda etapa (exploración indirecta) se presentan los métodos geofísicos de superficie posibles que se pueden utilizar. Para la tercera etapa (exploración directa), se realiza un plan hipotético con una estimación de cantidad de perforaciones a realizar con la descripción de dos metodologías posibles a utilizar”.
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Fotografía Minería en Línea