Buenos Aires (EP), 14 de junio ‘24. El gobierno de Javier Milei avanza en las tratativas para comprarle gas al vecino país que no es productor del fluido sino que lo importa como GNL. La inyección se realizaría directamente hacia el NOA, por el Gasoducto Norandino, para paliar la crisis que genera la demora en la Reversión del Gasoducto Norte.
Con los días contados para que el 30 de este mes finalice el contrato formal de importación de gas desde Bolivia, el gobierno nacional avanza en negociaciones con Chile para importar desde el vecino país las moléculas que permitan que no se registren problemas en las siete provincias del Noroeste Argentino. La vía escogida es la misma que utilizó en 2018 el entonces ministro Juan José Aranguren y por lo que fue denunciado penalmente.
La confirmación de las negociaciones entre la estatal argentina Enarsa y el gobierno de Gabriel Boric se dio desde ambos países, aunque desde la firma encargada de las importaciones de gas para Argentina se advirtió que la gestión «aún no está cerrada».
Pese a esa advertencia, lo concreto es que restan apenas 17 días para que finalice el contrato de importación entre la misma Enarsa y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), un corte anticipado del contrato que se firmó el año pasado cuando el anterior gobierno confiaba de que llegaría a mayo con la obra terminada de la Reversión del Gasoducto Norte.
Dicha obra se demoró, como era de esperarse luego de que la licitación del primer renglón de los trabajos se trabara porque -al calor electoral y de la inflación- las empresas presentaron ofertas que superaron en un 160% el presupuesto previsto.
Con una nueva fecha de finalización de la primera etapa de la Reversión del Gasoducto Norte para septiembre, el gobierno debe salir a garantizar volúmenes de gas suficientes para los 6 millones de habitantes del centro y norte del país que dependen de ese ramal, al menos para los meses de julio y agosto.
Las negociaciones, hasta ahora
Desde Bolivia, la prensa asegura que ya hay negociaciones para que se continúen despachando cerca de 5 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Aunque no hay certezas de si ese volumen es de libre disponibilidad o si se deberá completar el acuerdo firmado con la brasileña Petrobras, para que la firma libere ese cupo.
Esta segunda opción implicaría un costo adicional importante, dado que en primer lugar habría que pagar el costo del gas natural licuado (GNL) que importe Petrobras, luego el costo de su regasificación y finalmente un extra por el uso de la red de Bolivia. Ítems que no estarían si se tratara de solo el gas propio de Bolivia.
La tercera opción es la que reveló el gobierno chileno al emitir una autorización de su Ministerio de Energía, en la que avalan la exportación de «hasta 128.470.000 metros cúbicos de gas natural desde Chile a Argentina».
El texto marca además que las exportaciones serían realizadas por ENAP, la petrolera nacional chilena, utilizando para esto gas tomado desde la terminal de GNL de Mejillones y despachándolo desde la región de Antofagasta por el Gasoducto Norandino que llega a Salta.
El dato
2 millones de metros cúbicos por día es el volumen que marca la autorización dada por el gobierno chileno si los despachos se mantienen durante dos meses.
Según los volúmenes máximos marcados, los despachos podrían llegar a los 2 millones de metros cúbicos diarios durante un plazo de dos meses, estando así en línea con la limitada capacidad que tiene el Gasoducto Norandino.
Esta maniobra también implica pagar los mismos costos adicionales que utilizar el gas liberado por Petrobras, ya que se trataría del valor del GNL, más su regasificación y el transporte hasta Salta. Pero como se marcó es una alternativa que ya se utilizó en 2018.
En esa oportunidad, que luego fue objeto de una denuncia penal contra el entonces ministro Aranguren, Argentina tuvo una caída en su producción de gas, cuando aún el aporte de Vaca Muerta era insignificante y el gobierno de Mauricio Macri optó por esa vía de importación no por el precio en sí, sino porque los dos buques regasificadores que había en ese momento ya estaban a plena capacidad.
Por esa importación, el 23 de junio de 2020 el interventor del Enargas de la gestión de Alberto Fernández, Federico Bernal, denunció a Aranguren por mal desempeño de la función pública y negociaciones incompatibles, aunque la denuncia finalmente fue desestimada.
Ahora, con el tramo 1 del Gasoducto Néstor Kirchner (GPNK) en funcionamiento, con una de las plantas compresoras entrando en operaciones en julio, pero también con la peor crisis de suministro de gas registrada en décadas el mes pasado, el gobierno se enfrenta nuevamente a un escenario de escasez de gas en buena parte del país.
Fuente https://www.rionegro.com.ar/
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