Buenos Aires (EP), 04 de julio ‘24. La Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación escuchará iniciativas del sector privado para efectivizar una normativa, ante la falta de la formalización de la Resolución SE 883/2023 que permitía cambiar multas por nuevas inversiones.
El gobierno abre las puertas a una nueva normativa que permita resolver los contratos truncados del Programa RenovAr, a fin de brindar mayor certeza al sector energético privado del país.
A fines del año pasado, la Secretaría de Energía de la Nación (en ese entonces a cargo de Flavia Royon) lanzó la Resolución SE 883/2023, la cual permitía compensar penalidades a los proyectos con incumplimientos de la fecha programada de habilitación comercial, deficiencia de abastecimiento de energía comprometida y/o en el cumplimiento del componente nacional declarado, mediante inversiones destinadas a la efectiva incorporación de nueva potencia renovable.
Sin embargo, esa medida no se llegó a implementar ya que nunca se formalizó la suscripción del instrumento para el acuerdo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), que se mencionaba en el artículo N°2 de la normativa.
Por lo que, antes que eliminar la propia Res SE 883/2023, el Poder Ejecutivo dará lugar a que se presente una propuesta alternativa para paliar la situación y que la misma abarque no sólo abarque a proyectos con ciertas particularidades, según pudo averiguar Energía Estratégica.
Por tal motivo es que, al menos, la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) abrirá una mesa de trabajo a fin de brindar aportes que derivará a la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, en pos de articular y consensuar una iniciativa entre el ámbito público y privado que beneficie a todo el sector.
Cabe recordar que en septiembre del 2022, la Secretaría de Energía dio a conocer que 30 parques (total de 778 MW) optaron por la baja voluntaria mediante la mediante la Res. SE 1260/2021, la cual estableció multas que oscilaban entre USD 12500 y 17500 por cada megavatio de potencia contratada
En aquel entonces fueron 16 centrales fotovoltaicas, 4 eólicas, 6 de biomasa y 4 de biogás, y la mayoría de dichas plantas de generación habían obtenido su contrato de abastecimiento en la Ronda 2 del RenovAr (19 proyectos por 402,29 MW), seguido por aquellos la Ronda 1.5 (9 – 372,6 MW); sumado a un emprendimiento de la Ronda 1 (1,2 MW) y otro de la Ronda 3/MiniRen (2 MW).
Asimismo, a mediados de marzo del 2023, la autoridad nacional publicó una serie de facilidades para que los proyectos de fuentes limpias puedan concretarse, entre ellas que las penalidades por no cumplir con la COD pasen de tener un tope de 40% a 20% mensual de las ventas de energía que los parques realizan a CAMMESA.
Mientras que en abril del 2023 se habilitó un nuevo mecanismo de salida, por la que redujo las multas mensuales a los proyectos demorados de las rondas 2 y 3 de las licitaciones públicas llevadas a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los parques que decidieran asumir la baja por esa vía debían abonar USD 35.000 por cada MW de potencia contratada, además renunciar a todo derecho, acción o reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, ya sea en Argentina o en el extranjero, contra el estado nacional, la Secretaría de Energía y/o CAMMESA; como también a los beneficios fiscales de la Ley N° 27191.
Es decir que, a pesar de que no se haya implementado la Res. 883/23, no será la primera vez que el gobierno tome una medida para destrabar contratos truncados (ya sea del Programa RenovAr o del Mercado a Término), en este caso mediante la interacción con el sector privado y la propuesta que éste le presente.
Fuente https://www.energiaestrategica.com/
Fotografía Clarin