Buenos Aires (EP), 9 de febrero ‘24. «Jamás se podrá cristalizar un proyecto de ninguna naturaleza destruyendo a las pymes constructoras», señaló el mendocino que es el referente nacional del sector, Gerardo Fernández.
El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC) del país, el empresario mendocino Gerardo Fernández, describió la crítica situación del sector a raíz de las medidas tomadas por el gobierno nacional.
Al ser consultado sobre el porqué de una situación que de repente se precipitó, Fernández sostuvo que «quizás, un prejuicio sobre la obra pública, o bien el desconocimiento del marco de financiamiento en el que desarrollan la actividad miles de pymes constructoras, fueron los argumentos esgrimidos por la nueva gestión para abandonar un importante sector productivo que emplea más de 500.000 trabajadores».
En ese sentido, agregó que «expresiones vertidas tales como ‘no se hará más obra pública’, o ‘los emprendimientos de viviendas sociales serán convertidos en desarrollos inmobiliarios’ o bien, ‘las obras con determinados niveles de avance deberán paralizarse’ generaron un verdadero tsunami en el sector, el cual, ante decisiones políticas tan brutales, decidió intentar disminuir estructuras productivas, reduciendo personal y ralentizando la marcha de las obras».
La situación que viven, a la que describió como «inédita» se sumó, dijo, «un corte inescrupuloso en la cadena de pagos de certificados de obras públicas, los que en muchos casos están pendientes o impagos desde octubre de 2023».
En caída libre
Desde la entidad evaluaron que la situación ha provocado que «se multipliquen despidos, cheques rechazados, conflictos laborales, familias de trabajadores sin contención alguna, y un clima negativo en donde las expectativas reales inducen a una inminente paralización de actividad de miles de pymes a lo largo del territorio nacional, afectando severamente a sus proveedores de bienes y servicios».
Por ello, la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, destacó que «las empresas dedicadas a la ejecución de obras públicas, compran materiales, equipamiento, y contratan mano de obra con recursos propios (capital de trabajo) o bien recursos financieros (endeudamiento) hasta tanto pueden recuperar su inversión a través de la cobranza de los certificados». «Ergo -agregaron en una evaluación del estado de situación- la abrupta interrupción de pagos expuso a las pymes a una situación de inminente colapso, mediante pérdida de capital de trabajo, y en el caso de las más vulnerables, a quebranto».
La asfixia que sufre el sector dan cuenta de que se produce «al no contar ni si quiera con un porcentaje mínimo de los recursos previstos por contrato, las deudas con el fisco, AFIP ya indujeron a numerosos empresarios a estar afectados por disposiciones penales tributarias, lo que constituye un hecho absolutamente inadmisible», calificaron.
Por ello, la entidad nacional le pidió al gobierno de Javier Milei que avance en «reconocer el sentido de la obra pública, de su capacidad para generar empleo de mano de obra capacitada y no capacitada, de su extraordinaria aptitud de contención social, de la gigante trama federal de pymes vinculadas a este sector productivo, y por sobro todo a respetar las expresiones de campaña, donde se explicaba con claridad que uno de los principales motivos por los que no existe inversión en el país es la inseguridad jurídica, principalmente forjada pro el sistemático incumplimiento de los contratos, y a partir de esta adecuada valoración, adoptar las medidas urgentes que eviten consecuencias catastróficas para cientos de miles de familias argentinas».
Así y todo, desearon agregar que «la nueva gestión se consolide mediante el crecimiento y desarrollo de la actividad económica, social y cultural de nuestro país» que, indicaron, «jamás podrá cristalizar un proyecto de esta naturaleza destruyendo a las pymes constructoras».
Fuente Memo.com.ar
Fotografía UOCRA Noticias