Buenos Aires (EP), 14 de Agosto ‘24. El presidente Javier Milei ha firmado un decreto que dispone la venta de las acciones del Estado en cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, entre las provincias de Neuquén y Río Negro. La medida establece un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía convoque a un concurso público nacional e internacional para privatizar estas instalaciones. Las centrales afectadas son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas esenciales en la generación y distribución de energía eléctrica en Argentina.
El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial y también firmado por el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, ratifica los plazos de explotación y permite la continuidad de las operaciones mientras se prepara el nuevo proceso de privatización. Las concesiones de estas plantas, que en su mayoría fueron otorgadas el año pasado, estaban vencidas y se encontraban en un período de transición.
Actualmente, las centrales hidroeléctricas están administradas por empresas privadas: Orazul Energy en Cerros Colorados, ENEL Generación en El Chocón-Arroyito, AES SA en Alicurá, y Central Puerto SA en Piedra del Águila. Enarsa (Energía Argentina NA) y NASA (Nucleoelétrica Argentina SA) se encargaron de las concesiones en los últimos años, pero ahora también serán privatizadas, según lo dispuesto en la Ley Bases.
La Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, que serán las autoridades de aplicación, establecerán los criterios para esta nueva privatización, dado que ya no habrá un organismo estatal especializado supervisando el proceso. Las centrales hidroeléctricas que ahora salen a la venta son claves en la conversión de energía para su distribución en la red eléctrica del país, abasteciendo tanto a hogares como a industrias.
Esta decisión del gobierno de Milei se enmarca en una política de privatizaciones que busca reducir la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía, promoviendo la competencia y la eficiencia en la gestión de los recursos. Sin embargo, la medida ha generado controversia entre distintos sectores políticos y sociales, quienes advierten sobre los posibles riesgos de entregar el control de un recurso tan vital como la energía a manos privadas, sin un organismo estatal que regule y vigile de cerca las condiciones de la explotación.
Además, la venta de estas centrales hidroeléctricas podría tener un impacto significativo en las tarifas de electricidad y en la distribución de la energía en el país. Aunque el gobierno argumenta que la privatización permitirá modernizar la infraestructura y mejorar el servicio, críticos sostienen que podría derivar en un aumento de los costos para los consumidores y una mayor concentración del mercado en pocas manos. El proceso, que se desarrollará en los próximos seis meses, estará bajo la lupa tanto de actores nacionales como internacionales, atentos a las implicaciones económicas y sociales que conllevará esta transformación en el sector energético argentino.
La venta de las centrales también abre interrogantes sobre el futuro de los trabajadores que actualmente operan en estas plantas. Si bien el decreto no especifica detalles sobre la continuidad laboral, los sindicatos del sector energético han expresado su preocupación por posibles despidos o precarización de las condiciones laborales. En este contexto, se espera que los próximos meses sean escenario de intensas negociaciones entre el gobierno, las empresas interesadas y los representantes de los trabajadores, quienes buscan asegurar la estabilidad de los empleos y mantener los derechos adquiridos en el marco de una privatización que, según sostienen, debe contemplar no solo la eficiencia económica sino también el bienestar de los empleados y la seguridad energética del país.
Fuente https://infoenergia.info/
Fotografía Argentina.gob.ar