Buenos Aires (EP), 4 de abril ‘24. En medio de la feroz suba de la tarifa de energía eléctrica en todo el país, por orden del presidente Javier Milei la empresa Cammesa comenzó a intimar a las provincias a que paguen las facturas adeudadas y amenaza con embargar cuentas y bienes.
Es un nuevo frente de conflicto el que abre el presidente en el medio de la negociación en la que intenta establecer con los gobernadores acuerdos para la firma del Pacto del 25 de Mayo, lo que aparece cada vez más lejano en la medida en que el propio mandatario dinamita la posibilidad de llegar a ese consenso.
La deuda, de altísimos niveles, existe pero no es privativa sólo de las provincias y de las cooperativas que compran directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista, MEM.
Allí está uno de los factores de irritación más grandes de los atacados Estados provinciales por parte del presidente. Las privadas que distribuyen en el AMBA, Edenor, Edesur y Edelap (La Plata), son las mayores deudoras y a ellas no hay reclamo.
A la deus histórica, se suma ahora un reclamo que ya incluye las facturas de febrero, que llegaron a las provincias con un 150% de aumento y han provocado un tembladeral en todos los distritos sin distinción.
Las intimaciones de Cammesa arrancaron, llamativamente, por Chubut, la provincia que más se asemeja a La Pampa en el esquema de distribución. La mayoría de la cobertura territorial está a cargo de cooperativas, pero la gran diferencia en que no existe allí una empresa provincial como es aquí la estatal Administración Provincial de Energía, APE. La compra es directa y el estado provincial chubutense, responsable y concesionario del servicio, es el garante y la cifra que le reclaman es de caso 60.000 millones de pesos.
En una situación similar está Tierra del Fuego, pero en general todas las provincias están en rojo.
La Pampa aparece como una de las pocas que se mantiene al día en sus pagos, estatus que en dos ocasiones en los últimos años motivó que fuera reconocida con “premios” consistentes en importantes descuentos que fueron aplicados a inversiones y compartidos en la segunda ocasión con el sistema cooperativo distribuidor en la mayor parte de nuestro territorio.
Las deudas.
No sólo Chubut está en rojo de importancia. Pero además subyace la fuerte pelea que mantuvo el gobernador “Nacho” Torres con Milei y que motivó el abroquelamiento de toda la Patagonia y el respaldo de buena parte de los gobernadores.
En esa provincia, el grueso lo han generado las cooperativas de las principales ciudades. Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Rawson fueron intimadas por 58.919 millones de pesos.
Y la ofensiva pasó también a Entre Ríos, donde gobierna el macrista Frigerio, donde sólo la cooperativa de Concordia debe 1.700 millones y la empresa provincial Enersa sólo pagó parte de la última factura de 4.500 millones y adeuda 3.100 millones.
En Tierra del Fuego, la poderosa cooperativa de Río Grande y la empresa provincial deben unos 1.800 millones y allí se resolvió que los usuarios podrán abonar la factura con alto incremento en tres cuotas.
Sin respeto.
Fiel al estilo del presidente Milei, de desconocer leyes, acuerdos firmados y usos y costumbres, lo llamativo de la iniciativa es que la empresa mayorista cambió la manera de hacer los reclamos. Ahora pide, por orden presidencial, el embargo de cuentas y bienes de provincias y municipios.
En 2021, la cooperativa 16 de octubre, de Chubut, firmó un acuerdo de regularización con Cammesa, pero la semana pasada esta pidió embargos a los municipios de Esquel y Trevelín, garantes del acuerdo.
Uno de las aristas que mayor indignación está causando, es que las operadoras del AMBA tienen deudas enormemente superiores. Edenor adeuda 127 mil millones de pesos, y el pasivo de Edesur es de 72.500 millones.
Al tratarse el presupuesto de 2023, el entonces ministro de economía, Sergio Massa, pretendió incluir un artículo que obligaba a las provincias a regularizar los pagos a Cammesa. No pasó en el Congreso Nacional.
Ahora, con una suba tarifaria superior al 150% en todo el país, más la quita de subsidios, las facturas han crecido de manera exponencial. En noviembre, la factura de la provincia de Formosa no llegó a los 2.000 millones y en febrero trepó a los 4.622 millones. Esa provincia aún no decidió de qué manera trasladará a los usuarios finales ese incremento, algo que es motivo de desvelo en casi todo el país. Lo común es que el mayor incremento recae sobre el comercio y la industria, pero del que no se salvan los residenciales.
En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz dispuso suspender por 120 días la actualización de la tarifa del servicio de electricidad.
En definitiva, un nuevo foco de duro conflicto que abre la Casa Rosada con las provincias, que se suma a la desaparición del Fonid, la quita de subsidios al transporte, la desaparición de la obra pública, los recortes a todos los fondos extraordinarias y a la decisión de no pagar los déficits de las cajas jubilatorias a 13 provincias.
Las provincias siguen en estado de alerta y el camino de acudir a la Corte Suprema es lo que avizoran ante la intransigencia de un presidente que sólo quiere imponer su voluntad.
Fuente https://www.laarena.com.ar/